A continuación disponéis de los materiales relativos al tema 14 del temario, y ya tenéis todo lo necesario para el segundo parcial de esta evaluación. A trabajar!! Al final adjunto una noticia sobre el sector público que puede ser de vuestro interés e incluso podéis analizar en un comentario...
TÓPICOS Y REALIDADES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
España es el cuarto país de la UE con menos funcionarios por habitante
21/10/2014
- Tanto con respecto a la población activa (14%) como con respecto a los habitantes (18%), la administración española no está sobredimensionada.
- El 58% de los funcionarios dice ganar más de 2.000 euros mensuales, frente al 23% que admite ganar más de esa cantidad en el sector privado.
Es un debate frecuente que surge fundamentalmente cuando la economía va mal. En ese momento, expertos y empresarios miran al sector público como responsable de muchos de los males. Se le achaca pagar sueldos elevados, mayores que los del sector privado y con menor productividad. ¿Pero qué hay de cierto en esos tópicos? ¿Está sobredimensionada la plantilla pública española con respecto a la de otros países desarrollados? ¿Cuestan más nuestros funcionarios o cobran más que el resto de los asalariados?
En España hay 2.551.123 empleados públicos, según el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2014. Un total 1.284.646 empleados públicos dependen de las comunidades autónomas; 560.774, de la administración local; 558.802, de la estatal y otros 146.901 trabajadores se inscriben como personal de universidades, la mayoría de ellos transferidos a las CCAA.
Según Eurostat, sin incluir los empleados públicos que trabajan en educación, sanidad y servicios sociales, en España habría en torno a 1,3 millones de asalariados al servicio del sector público, lo que supone un 2,8% de la población y un 9,2% del conjunto de trabajadores españoles por cuenta ajena. En Alemania, hay un empleado público por cada 29 habitantes y en Francia, uno por cada 27 habitantes. Mientras, en España, la proporción es de uno por cada 36 habitantes.
Si en el cómputo incluimos a todos los trabajadores públicos, España se convierte, después de Austria, Portugal e Italia, en el país con la Administración con menos funcionarios por habitante de la Unión Europea: un empleado por cada 16 habitantes.
En el extremo opuesto, reflejo del mayor desarrollo del Estado del bienestar, figuran tres países nórdicos: Dinamarca, Suecia y Finlandia, con en torno al 25%
En España el porcentaje de asalariados públicos ronda el 14% de la población activa, un porcentaje similar al de los principales países europeos. En Alemania el porcentaje se sitúa en el 13%; en Italia en el 11%; mientras que en el Reino Unido y Francia ronda el 16%, según Eurostat.
España, por debajo de la media
Según el informe Panorama de las Administraciones Públicas 2013, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el sector público de Noruega y Dinamarca empleaba el 30% de la población activa, frente al 9% de Japón, Corea, Grecia o México.
En la OCDE, el empleo de la administraciones públicas, expresado en porcentaje de la fuerza laboral, se mantiene en torno al 16%. En España se sitúa en torno al 13%. Este porcentaje es inferior al de países como Italia (14%), Reino Unido (18%), Francia (22%) y, por supuesto, los países nórdicos, pero superior a Alemania, país en que el porcentaje de funcionarios con respecto a la población activa se sitúa en el 10%.
El peso del sector público en España es inferior a la media europea: mientras que aquí supone algo en torno al 44-45% del Producto Interior Bruto (PIB), la media de los países de la zona del euro es del 50,9%. En España ese porcentaje -que ha llegado a alcanzar el 47%- está inflado por el gasto en prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda.
España gastó en 2010 el 11,9% de su PIB para pagar la nómina de las personas empleadas en los servicios públicos, en línea con la media europea, del 11,1%, y de la zona del euro, donde se gasta el 10,8%, según datos de Eurostat.
Algunos países superan esas cifras, como Dinamarca, a la cabeza en empleo público, con un gasto del 19%, pero también Francia, con el 13,4%. Otros países, como Alemania, gastan el 7,9% de su PIB.
En cuanto a los salarios, y según destaca Eduardo Martínez Abascal, profesor del IESE en el área de dirección financiera, la Encuesta de Población Activa muestra que los trabajadores del sector público están mejor pagados, de media, que los del sector privado. Un 10% de los funcionarios reconoce que cobra menos de 1.216 euros, mientras que el 36% de los del sector privado dice cobrar menos de esa cantidad. Mientras, el 58% de los funcionarios dicen ganar más de 2.000 euros, un porcentaje que disminuye al 23% en el sector privado.
Burocracia y sueldo
Otro de los tópicos habituales es ver al funcionario dedicado a la burocracia, en un trabajo favorable al absentismo y dispuesto hacernos la vida imposible para completar unos trámites administrativos. Sin embargo, la realidad es otra. De los 2,55 millones de empleados públicos, más de un 1,1 millones trabajan en enseñanza y sanidadad -más del 40%- y 266.000 pertenecen a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad de Estado.
El último tópico, el relacionado con el trabajo de por vida, también cae por su propio peso. Si bien en torno a un 1,6 millones de empleados públicos están blindados contra el despido -son funcionarios de carrera- el resto puede ver peligrar su trabajo por diversas causas, e incluso ser despedidos a través de un ERE por motivos económicos.
Lo que si es cierto que la crisis afecta con mucho menos intensidad al empleo público que al privado. Mientras que la recesión acababa con millones de empleos en el sector privado, el empleo público ha disminuido en una proporción muchísimo menor, a diferencia de lo sucedido en otros países de la Unión Europea. Incluso durante los primeros años creció de forma sostenida, hasta llegar a 2,9 millones en 2012. A partir de esta fecha empezó a descender, posiblemente por la limitación a cero de la tasa de reposición y porque las distintas administraciones decidieron desprenderse o no renovar a muchos de sus empleados.
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